Fallo en favor de los discapacitados
El gobierno porteño tiene 240 días para intimar a los colegios privados para que mejoren la accesibilidad
El gobierno porteño deberá intimar, dentro de los próximos 240 días hábiles, a los colegios privados para que eliminen las barreras arquitectónicas, y adaptar las escuelas públicas para el libre acceso y circulación de personas con discapacidad motora. Así lo determinó un fallo, el 22 de diciembre pasado, del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAT) número 4 de la ciudad de Buenos Aires.
"La medida no busca castigar a nadie, sino concientizar a las autoridades de que hay una ley (la 962) que no se cumple", dijo la jueza en primera instancia que estuvo a cargo de la causa, Elena Amanda Liberatori. El amparo fue presentado el 27 de diciembre de 2006 por la organización no gubernamental (ONG) Fundación Acceso Ya, patrocinado por la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en contra del Ministerio de Educación porteño. "El objetivo era que implementen las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad motora o movilidad reducida en todas las escuelas de la ciudad", aseguraron desde la ONG.
"Durante los casi tres años que duró la causa hubo muchas idas y venidas. Peritajes intensivos de arquitectos que recorrieron cada una de las escuelas antes de redactar el informe final y que es el principal fundamento de mi sentencia", dijo Liberatori.
"Con este fallo logramos dar un primer y gran paso", aseguró la doctora Evangelina Gálligo, vocera de la ONG, que además dijo: "Después hay distintas barreras culturales que eliminar. Por eso empezamos por este derecho para construir una nueva ciudadanía, en la que se respete la diversidad".
"Lo que sigue ahora es un monitoreo de la demanda judicial y el relevamiento de las obras. Vamos a evaluar los criterios de valoración para cada una de ellas", dijo Gálligo.
El coordinador de Relaciones Institucionales de Pro Bono, Martín Zapiola Guerrico, aseguró que "la falta de accesibilidad física a las escuelas reviste particular gravedad porque, en primer lugar, se limita seriamente el derecho a aprender de los chicos con discapacidad y, en segundo lugar, se está dando un muy negativo mensaje de exclusión y discriminación a los niños que no padecen ninguna discapacidad motora".
El abogado, además, dijo: "El fallo es muy sensato e indica un camino claro para que el Gobierno de la ciudad corrija tan grave situación y cumpla con la ley. Lamentablemente, el gobierno porteño ha optado por apelar la decisión judicial en lugar de cumplirla".
